Publicado en "El Asterisco" 4-3-2018
El capitalismo clientelar, “capitalismo de amiguetes” o crony capitalism en inglés (cronyism = amiguismo) sirve para denominar a esa parte de la actividad económica en la que unas empresas obtienen más rentabilidad que otras no porque ofrezcan productos mejores o más baratos a los consumidores sino porque disfrutan del favor del poder político.
Cuando los mercados no son muy transparentes o las administraciones
públicas realizan en los mismos una importante función reguladora, los
intereses que están en juego por las regulaciones son tan elevados que
algunos empresarios no pueden resistir la tentación de llegar a acuerdos
ocultos con los reguladores para sortear la libre competencia.
Empresarios que corrompen a políticos, políticos que se dejan corromper y
finalmente ciudadanos que acaban pagando más por un producto o servicio
que en un mercado competitivo les habría costado menos y además habría
sido de más calidad. Sin embargo, el pago de este sobreprecio por parte
del ciudadano, no es ni el único ni el peor efecto del capitalismo
clientelar, la actividad económica general se resiente porque es una
barrera al emprendimiento, a la meritocracia y sobre todo porque es una
de las causas de la baja productividad de nuestra economía. El
capitalismo clientelar desincentiva la innovación, la inversión en I+D,
rebaja el valor añadido de la producción y hace que las empresas no
puedan pagar salarios más elevados.
Las prácticas clientelares, teniendo su origen en la debilidad institucional, pueden ser muy diversas: sobornos, información privilegiada, regulación interesada, puertas giratorias… El capitalismo clientelar parece tener mayor implantación en los sectores con más regulación: energético, telecomunicaciones, farmacéutico o financiero. En los consejos de administración de las empresas de estos sectores se sientan una larga lista expolíticos, no así en los consejos de las grandes empresas de sectores poco regulados como: Inditex, Mercadona o El Corte Inglés. No es que el origen del clientelismo sean las regulaciones estatales, que en algunos sectores son necesarias para paliar los llamados fallos del mercado (pocos productores, monopolios naturales…). En España, estas intervenciones del Estado, en lugar de tener un efecto reequilibrador, han escorado a veces más el mercado hacia las empresas en detrimento de los intereses de los consumidores. El ejemplo paradigmático es el mercado eléctrico en el que las sucesivas regulaciones –quizás fuese más propio decir autorregulaciones- han ido haciendo el mercado cada vez más opaco a la vez que el recibo de la luz cada vez más caro.
Por otra parte, en España la complejidad institucional y jurídica dificulta la actividad económica. El estudio Doing Business del Banco Mundial (2018) sitúa a nuestro país: en el puesto 28 en facilidad general para hacer negocios en el mundo, en el puesto 86 en cuanto a facilidad de para poner en marcha una empresa y España se sitúa en el puesto 123 de 189 países en la facilidad para conseguir permisos para construir una planta de uso industrial (el tiempo oscila desde los 101 días de espera en Logroño hasta los 297,5 días en Vigo, estas elevadas demoras reducen el PIB -según el informe- del orden de un 4%). El lector puede consultar el informe Doing Business Banco Mundial. Esta complejidad da lugar también a prácticas clientelares y es difícil esperar que simplifiquen los procedimientos burocráticos quienes viven precisamente de su complicación.
En 2016 se publicó un trabajo de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma (el lector puede consultar el trabajo Landini) en el que se intentaba averiguar si, en el periodo de crisis 2008-2014, las empresas que habían permanecido en el mercado lo habían hecho porque eran las más productivas o por disfrutar de ventajas derivadas del capitalismo clientelar. Se estudiaron tres países: España, Francia e Italia. Para llevar a cabo el estudio se tomaron los datos contables de una muestra de unas 12.000 empresas del sector industrial del año 2008 (antes de la crisis), de las que seleccionaron dos grupos: un grupo de empresas de alta productividad y otro grupo de empresas de baja productividad pero con altos beneficios. El autor del estudio expone en una primera parte que en una economía competitiva hay relación directa entre productividad y beneficio, por lo que las empresas, que teniendo baja productividad tienen altos beneficios, son sospechosas de ser beneficiarias del capitalismo clientelar. ¿Qué es lo que ha pasado con esas empresas en el periodo de crisis 2008-2014? En Francia esas empresas menos productivas cerraron con una desviación menor del 1%, en Italia cerraron con desviación del 4,3% y en España con desviación del 6,8%. En España es donde una empresa de baja productividad tiene menos probabilidad de cerrar en una crisis porque sigue manteniendo beneficios por encima de la media. Dejando al margen Francia, que tiene un comportamiento prácticamente acorde a los principios económicos. ¿En qué regiones de Italia y España se localizan estas “empresas-milagro” que sobrevivieron a la crisis con beneficios por encima de la media pese a su baja productividad?
El capitalismo clientelar, “capitalismo de amiguetes” o crony capitalism en inglés (cronyism = amiguismo) sirve para denominar a esa parte de la actividad económica en la que unas empresas obtienen más rentabilidad que otras no porque ofrezcan productos mejores o más baratos a los consumidores sino porque disfrutan del favor del poder político.
Las prácticas clientelares, teniendo su origen en la debilidad institucional, pueden ser muy diversas: sobornos, información privilegiada, regulación interesada, puertas giratorias… El capitalismo clientelar parece tener mayor implantación en los sectores con más regulación: energético, telecomunicaciones, farmacéutico o financiero. En los consejos de administración de las empresas de estos sectores se sientan una larga lista expolíticos, no así en los consejos de las grandes empresas de sectores poco regulados como: Inditex, Mercadona o El Corte Inglés. No es que el origen del clientelismo sean las regulaciones estatales, que en algunos sectores son necesarias para paliar los llamados fallos del mercado (pocos productores, monopolios naturales…). En España, estas intervenciones del Estado, en lugar de tener un efecto reequilibrador, han escorado a veces más el mercado hacia las empresas en detrimento de los intereses de los consumidores. El ejemplo paradigmático es el mercado eléctrico en el que las sucesivas regulaciones –quizás fuese más propio decir autorregulaciones- han ido haciendo el mercado cada vez más opaco a la vez que el recibo de la luz cada vez más caro.
Por otra parte, en España la complejidad institucional y jurídica dificulta la actividad económica. El estudio Doing Business del Banco Mundial (2018) sitúa a nuestro país: en el puesto 28 en facilidad general para hacer negocios en el mundo, en el puesto 86 en cuanto a facilidad de para poner en marcha una empresa y España se sitúa en el puesto 123 de 189 países en la facilidad para conseguir permisos para construir una planta de uso industrial (el tiempo oscila desde los 101 días de espera en Logroño hasta los 297,5 días en Vigo, estas elevadas demoras reducen el PIB -según el informe- del orden de un 4%). El lector puede consultar el informe Doing Business Banco Mundial. Esta complejidad da lugar también a prácticas clientelares y es difícil esperar que simplifiquen los procedimientos burocráticos quienes viven precisamente de su complicación.
En 2016 se publicó un trabajo de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma (el lector puede consultar el trabajo Landini) en el que se intentaba averiguar si, en el periodo de crisis 2008-2014, las empresas que habían permanecido en el mercado lo habían hecho porque eran las más productivas o por disfrutar de ventajas derivadas del capitalismo clientelar. Se estudiaron tres países: España, Francia e Italia. Para llevar a cabo el estudio se tomaron los datos contables de una muestra de unas 12.000 empresas del sector industrial del año 2008 (antes de la crisis), de las que seleccionaron dos grupos: un grupo de empresas de alta productividad y otro grupo de empresas de baja productividad pero con altos beneficios. El autor del estudio expone en una primera parte que en una economía competitiva hay relación directa entre productividad y beneficio, por lo que las empresas, que teniendo baja productividad tienen altos beneficios, son sospechosas de ser beneficiarias del capitalismo clientelar. ¿Qué es lo que ha pasado con esas empresas en el periodo de crisis 2008-2014? En Francia esas empresas menos productivas cerraron con una desviación menor del 1%, en Italia cerraron con desviación del 4,3% y en España con desviación del 6,8%. En España es donde una empresa de baja productividad tiene menos probabilidad de cerrar en una crisis porque sigue manteniendo beneficios por encima de la media. Dejando al margen Francia, que tiene un comportamiento prácticamente acorde a los principios económicos. ¿En qué regiones de Italia y España se localizan estas “empresas-milagro” que sobrevivieron a la crisis con beneficios por encima de la media pese a su baja productividad?
Con rojo más oscuro están las regiones en las que se localizan mayormente las empresas poco productivas con altos beneficios (“clientelares”) |
El siguiente paso que da el trabajo es
relacionar estas regiones con la distribución geográfica del Índice
Europeo de Calidad de Gobierno, que recoge indicadores sobre: grado de
corrupción, Estado de Derecho, protección del derecho de propiedad y
eficiencia burocrática. Es el gráfico siguiente:
El estudio se circunscribe a empresas
del sector industrial. Si se hubiese hecho sobre empresas constructoras o
concesionarias de servicios públicos, los resultados habrían sido sin
duda aún más evidentes, y más decepcionantes.Como puede observarse
comparando los gráficos, las
empresas de baja productividad que sobrevivieron a la crisis -las
empresas “clientelares”- se concentran en las regiones de peor calidad
de gobierno tanto en Italia como en España. Lo que permite
colegir al autor del trabajo que fueron ventajas derivadas de ese mal
gobierno (corrupción, ventajas burocráticas y tratos normativos de
favor) las que incrementaron su beneficio y que, al reducirse la demanda
por motivo de la crisis, fue precisamente en esas regiones donde más
empresas competitivas tuvieron que cerrar.
La encuesta del Eurobarómetro (2015)
realizada por la Unión Europea a empresarios españoles sobre ‘Actitudes
empresariales hacia la corrupción en la UE’, es desoladora: el 93% de
los empresarios españoles cree que la corrupción es un problema
generalizado en nuestro país, un 54% de las empresas considera que el
único camino para garantizar el éxito de un negocio son las conexiones
políticas (porcentaje 10 puntos por encima de la media europea), un 77%
de los consultados cree que los sobornos facilitan la obtención de
concesiones de servicios públicos …
Para que los comportamientos éticos
arraiguen en la empresa, la clase empresarial tiene que tener claro que
comportarse éticamente produce también mejores resultados económicos,
pero -según el Eurobarómetro- los empresarios españoles están firmemente
convencidos de lo contrario.
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